Aplicación de la norma Iso 27001 para la implementación de un SGSI en la fiscalía general del estado - Narváez Barreiros, Iván Ricardo (PUCE, 2016)
En la actualidad, la información es el activo más valioso de cualquier compañía o institución. Sobre esta base se observa que, los gobiernos, entidades financieras, entidades de control, centros de salud, entidades gubernamentales, empresas privadas realizan esfuerzos para la automatización de sus procesos, a fin de obtener una mejor productividad y eficiencia, esto a su vez demanda y genera una gran cantidad de información, que puede ser confidencial (ya sea por el mandato de alguna normativa legal o por secretos de investigación o producción), abarcandodesde la información administrativa interna como datos personales de sus empleados, productos, situación financiera, etc, hasta información de facturación, rastreo de paquetes, datos de clientes, etc. Centrándose en el área de gestión de la Fiscalía General del Estado, está institución mantiene una gran cantidad de información, mayormente en medios impresos, debido a las investigaciones que realizan los fiscales son sustentadas en documentos físicos, según la interpretación de normativa vigente, durante varias decenas de años. Así también cuenta con un conjunto igualmente grande de documentos de orden administrativo, siendo las direcciones de Recursos Humanos, Administrativo Financiero las que mayor cantidad de documentación archivan en las distintas zonas destinadas a este fin. Esta información se recolecta desde varios puntos donde es receptada, procesada y almacenada para que se pueda utilizar por sus empleados y directivos con fines de trabajo (enriquecimiento de valor) y gerenciamiento (para la toma de decisiones) y esta puede ser transmitida por medios telemáticos dentro y fuera de las instalaciones de la empresa o institución. Además, el valor de la información está en directa proporción por el uso que se pueda dar, sea esta por el generador o dueño de la información, que generalmente son los procesos relacionados con las Direcciones Administrativas, así como por el uso autorizado o no, de esta por otra persona o empresa. Han sido varios los casos que se han denunciado acerca de organismos del sector público que han establecido políticas de seguridad inadecuadas en sus registros electrónicos posibilitando que terceros se apropien de la información custodiada y la puedan comercializar dentro y fuera del país con fines ilícitos.