La Educación Legal Clínica: una herramienta para la defensa del medio ambiente en el Archipiélago de San Andrés

El Grupo de Acciones Públicas (GAP), en el desarrollo de la educación legal clínica, ha prestado asesoría jurídica en diversas problemáticas que presenta la comunidad del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se han utilizado variados mecanismos de litigio estratégico para causar...

Descripción completa

Autor Principal: Pérez Amaya, Natalia
Otros Autores: Sánchez Quintero, Anamaría, Vallejo Abdala, Arturo
Formato: Artículo de revista
Idioma: spa
Publicado: Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2017 2018
Materias:
Acceso en línea: Pérez Amaya, N., Sánchez Quintero, A. & Vallejo Abdala, A. (2017). La Educación Legal Clínica: una herramienta para la defensa del medio ambiente en el Archipiélago de San Andrés. Foro por la Vida (VI): Convivencia. La persona y su entorno, 1, 77-89
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Sumario: El Grupo de Acciones Públicas (GAP), en el desarrollo de la educación legal clínica, ha prestado asesoría jurídica en diversas problemáticas que presenta la comunidad del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se han utilizado variados mecanismos de litigio estratégico para causar un impacto en la protección de los derechos humanos de esta comunidad, sobre todo de los derechos al medio ambiente constantemente vulnerados por actividades económicas como el turismo y la exploración y explotación de hidrocarburos. El trabajo coordinado que ha realizado el GAP con los raizales, habitantes autóctonos del archipiélago, ha mostrado importantes resultados en la educación en protección de derechos humanos y en el empoderamiento de esta protección por medio de la interposición de acciones constitucionales. Esta ponencia recoge algunas de las experiencias en materia de ambiente y derechos humanos que el GAP ha desarrollado con esta comunidad, que ha acudido a nuestra clínica en varias ocasiones en busca de asesoramiento jurídico. Es importante resaltar que la comunidad raizal, a pesar de encontrarse en el archipiélago, ha buscado el apoyo y la asesoría del GAP, principalmente porque considera que en Bogotá cuenta con mayores garantías legales que en su departamento.