Sostenibilidad fiscal: el alto precio de aplicar la justicia

El Acto Legislativo 03 de 2011 integró a la Constitución Política de 1991 el Principio de Sostenibilidad Fiscal, como un criterio de orientación que deben seguir los diferentes órganos del poder público en Colombia, su principal objetivo es el de garantizar en forma efectiva el cumplimiento de...

Descripción completa

Autor Principal: León Barajas, Diana Carolina
Otros Autores: Gutiérrez Barbosa, Zully Juliana
Formato: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Idioma: spa
Publicado: Universidad Santo Tomás 2018
Materias:
Acceso en línea: León, D., & Gutiérrez, Z. (2018). Sostenibilidad fiscal: el alto precio de aplicar la justicia. Villavicencio, Meta, Colombia: Facultad de Derecho, Especialización en Derecho Administrativo, Universidad Santo Tomás.
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Sumario: El Acto Legislativo 03 de 2011 integró a la Constitución Política de 1991 el Principio de Sostenibilidad Fiscal, como un criterio de orientación que deben seguir los diferentes órganos del poder público en Colombia, su principal objetivo es el de garantizar en forma efectiva el cumplimiento de las garantías y derechos establecidos en la Constitución en un marco de sostenibilidad económica. Para el Gobierno Nacional la Sostenibilidad Fiscal tiene sustento en el elevado incremento del gasto público, situación que debe ser controlada y regulada para atender las necesidades económicas del estado, sin embargo, frente a la adopción del principio de sostenibilidad fiscal han surgido posiciones críticas por quienes creen que con su implementación se da vía libre a la sustitución de los principios del Estado Social de Derecho. Por tal razón el presente artículo enfatizará en responder el siguiente cuestionamiento, ¿El principio de sostenibilidad fiscal ha fragmentado los postulados esenciales de un estado social de derecho, al aplicarse como criterio orientador de las decisiones judiciales en Colombia? Para concluir finalmente que efectivamente, el principio de sostenibilidad fiscal ha fragmentado los postulados esenciales de un estado social de derecho, al aplicarse como criterio orientador de las decisiones judiciales en Colombia porque una de sus finalidades no es otra que modificar o diferir una sentencia proferida por alguna de las altas cortes que regentan en el país, por iniciativa de una autoridad administrativa, la cual es ajena a la estructura del poder judicial, cuando el cumplimiento de aquella decisión pueda perjudicar o menoscabar el gasto público, situación que conlleva como consecuencia la limitación de las decisiones judiciales en términos de reparación o protección efectiva de derechos de los particulares.