Sostenibilidad fiscal: el alto precio de aplicar la justicia
El Acto Legislativo 03 de 2011 integró a la Constitución Política de 1991 el Principio de Sostenibilidad Fiscal, como un criterio de orientación que deben seguir los diferentes órganos del poder público en Colombia, su principal objetivo es el de garantizar en forma efectiva el cumplimiento de...
Autor Principal: | León Barajas, Diana Carolina |
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Otros Autores: | Gutiérrez Barbosa, Zully Juliana |
Formato: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Idioma: | spa |
Publicado: |
Universidad Santo Tomás
2018
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Materias: | |
Acceso en línea: |
León, D., & Gutiérrez, Z. (2018). Sostenibilidad fiscal: el alto precio de aplicar la justicia. Villavicencio, Meta, Colombia: Facultad de Derecho, Especialización en Derecho Administrativo, Universidad Santo Tomás. |
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Sumario: |
El Acto Legislativo 03 de 2011 integró a la Constitución Política de 1991 el Principio de
Sostenibilidad Fiscal, como un criterio de orientación que deben seguir los diferentes órganos del
poder público en Colombia, su principal objetivo es el de garantizar en forma efectiva el
cumplimiento de las garantías y derechos establecidos en la Constitución en un marco de
sostenibilidad económica.
Para el Gobierno Nacional la Sostenibilidad Fiscal tiene sustento en el elevado incremento del
gasto público, situación que debe ser controlada y regulada para atender las necesidades
económicas del estado, sin embargo, frente a la adopción del principio de sostenibilidad fiscal
han surgido posiciones críticas por quienes creen que con su implementación se da vía libre a la
sustitución de los principios del Estado Social de Derecho.
Por tal razón el presente artículo enfatizará en responder el siguiente cuestionamiento, ¿El
principio de sostenibilidad fiscal ha fragmentado los postulados esenciales de un estado social de
derecho, al aplicarse como criterio orientador de las decisiones judiciales en Colombia?
Para concluir finalmente que efectivamente, el principio de sostenibilidad fiscal ha fragmentado
los postulados esenciales de un estado social de derecho, al aplicarse como criterio orientador de
las decisiones judiciales en Colombia porque una de sus finalidades no es otra que modificar o
diferir una sentencia proferida por alguna de las altas cortes que regentan en el país, por
iniciativa de una autoridad administrativa, la cual es ajena a la estructura del poder judicial,
cuando el cumplimiento de aquella decisión pueda perjudicar o menoscabar el gasto público,
situación que conlleva como consecuencia la limitación de las decisiones judiciales en términos
de reparación o protección efectiva de derechos de los particulares. |
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