“Articulación multinivel de los gobiernos autónomos descentralizados-GAD. lineamientos operativos para la planificación y el ordenamiento territorial en la provincia de Imbabura”.
En el Ecuador desde finales de los años ochenta y el lapso de los noventa, se concibió la descentralización desde una perspectiva neoliberal a través de la llamada “Ley de Modernización del Estado”, misma que según Barrera (2015) mantenía su esencia en la privatización, dotación de servicios público...
| Autor Principal: | Otero Potosí, Evelyn Estefanía |
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| Formato: | masterThesis |
| Idioma: | Spanish / Castilian |
| Publicado: |
PUCE-Quito
2018
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/15299 |
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| Sumario: |
En el Ecuador desde finales de los años ochenta y el lapso de los noventa, se concibió la descentralización desde una perspectiva neoliberal a través de la llamada “Ley de Modernización del Estado”, misma que según Barrera (2015) mantenía su esencia en la privatización, dotación de servicios públicos por parte del sector privado y no imponía mecanismos ni tiempos para este proceso; del mismo modo la constitución de 1998 no establecía competencias por nivel de Gobierno sino la “obligatoriedad” de descentralizar cuando un gobierno seccional lo solicite y tenga capacidad operativa1, es decir, descentralización de carácter optativo que no permitía un desarrollo equitativo.
A partir del año 2008, la nueva Constitución de la República señala que Ecuador “se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”, siendo el deber primordial del estado “Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización”, es así que en el año 2009; se empieza a hablar de la reforma democrática del estado donde se contempla el proceso de descentralización, entendido como la “transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias con los respectivos talentos humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde el gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados”2, como factor para la transformación del país; en este sentido existe una diferencia en la descentralización actual respecto a procesos anteriores, principalmente por la evolución en la legislación, ya que para este fin en el año 2010 se instalaron instrumentos
legales como el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización-COOTAD y el Código de Planificación y Finanzas públicas-CPFP.
El COOTAD reglamenta la nueva organización del estado y el proceso de transferencia de competencias por cada nivel de gobierno autónomo descentralizado (regional, provincial, cantonal, parroquial), la instalación del Consejo Nacional de Competencias-CNC (2011) como responsable del proceso de transferencia de competencias, el Sistema Nacional de Competencias y el Plan Nacional de Descentralización3; además es importante mencionar que este también señala en el artículo 299, la obligación de coordinar los planes de los diferentes niveles territoriales en el marco del sistema nacional descentralizado de planificación participativa- SNDPP. En este sentido, una de las competencias de los distintos niveles de Gobierno es la realización de los Panes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial-PDOT, mismos que según el artículo 295, consta de al menos tres partes que son: diagnóstico, propuesta y modelo de gestión, por lo que para esta investigación fue importante realizar el análisis de las fases de los PDOT para establecer la articulación multinivel.
Según Llamazares y Marks (1999), esta articulación multinivel se puede definir como "un sistema en el cual los distintos niveles institucionales comparten, en lugar de monopolizar, decisiones sobre amplias áreas competenciales”, es así que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas-COPFP, plantea la vinculación entre la planificación de todos los niveles de gobierno (central, regional, provincial, cantonal, parroquial) y el presupuesto, la formulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el seguimiento a los mismos y la obligatoriedad de rendir cuentas del cierre de brechas. |
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