Análisis crítico de la implementación del SERNAC financiero desde el punto de vista institucional
Un rasgo en común que posee gran parte de la sociedad actual es que, de una u otra forma, todas las personas son consumidoras de algún producto o servicio, es por esto que, a lo largo del tiempo, se ha ido generando la apremiante necesidad de crear derechos que protejan al consumidor en su calidad...
| Autor Principal: | Intveen Fernández, Bernardo |
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| Formato: | Thesis |
| Idioma: | Spanish / Castilian |
| Publicado: |
Universidad Católica de la Santísima Concepción
2017
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://repositoriodigital.ucsc.cl/handle/25022009/1110 |
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| Sumario: |
Un rasgo en común que posee gran parte de la sociedad actual es que, de una u otra forma, todas las
personas son consumidoras de algún producto o servicio, es por esto que, a lo largo del tiempo, se ha ido
generando la apremiante necesidad de crear derechos que protejan al consumidor en su calidad de tal.
En Chile existen cuerpos legales e instituciones que tienen por finalidad velar por el respeto a estos
derechos y amparar a quienes deciden ejercerlos en caso de que hayan sufrido alguna vulneración de los
mismos.
La calidad de consumidor se extiende a múltiples áreas de la economía y, dentro de las mismas, el
mercado de servicios financieros no escapa a ello.
La relevancia de este tipo de servicios no es menor, tanto por los servicios que prestan, como también
porque un considerable sector de la población es consumidora de aquellos, es esto mismo lo que le ha llevado
a convertirse en una de las áreas con mayor cantidad de quejas por parte de sus usuarios a nivel nacional,
llegando a ocupar el año 2009 el 27% de reclamos por parte de los consumidores a nivel país.
Es así como en el año 2011, el gobierno de la época, siguiendo una promesa de campaña, promulgó la
Ley 20.555, en base a la cual se dotó al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) de atribuciones en
materias relacionadas con el mercado financiero.
Por medio de este cuerpo legal se buscó otorgar una mayor seguridad a los usuarios de este tipo de
servicios que, hasta aquel entonces, si bien contaban con la protección general que les otorgaba la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, no tenían una regulación especial que los amparara
dentro de esta relevante área de la economía.
Lo anterior también se justifica en base al gran crecimiento que ha tenido el mercado financiero en el
último tiempo y la mayor accesibilidad al mismo por parte de la ciudadanía, lo cual, ha generado más interés
por parte de las autoridades en cuanto a la regulación en esta materia y la protección de quienes hacen uso
de sus servicios. Esto se ha visto reflejado en los últimos estudios realizados por las entidades del rubro, un
ejemplo de aquello son los resultados otorgados por el recientemente publicado Informe de Inclusión
Financiera 2016 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras (SBIF), de acuerdo al cual, si
bien, se ha dado un considerable aumento en el nivel de usuarios de servicios bancarios, expansión que se ha
visto tanto a nivel socio económico como etario, también se concluye que la mayor parte de la población
puede ser calificada como “analfabetos financieros”, en base al poco conocimiento existente relativo a los
servicios prestados por este mercado.
Los tecnicismos y constantes cambios que vive este mercado hacen aún más complejo para la
ciudadanía estar al tanto de qué ocurre dentro del mismo, de esta forma se genera un gran desconocimiento
por parte del público general a la hora de acceder a este tipo de servicios, lo que a su vez conlleva a que se
puedan dar casos de abusos por parte de las empresas que los suministran.
Es esta una de las causas que ha llevado a la autoridad a tomar medidas con vista a otorgar a los
usuarios de servicios bancarios una mayor defensa de sus derechos como consumidores de los mismos,
entregando de esta forma al SERNAC un conjunto de atribuciones con vista a la solución de conflictos en esta
área y, además, dotándolo de la facultad de poder otorgar un sello de garantía relativo a las buenas prácticas
de ciertas instituciones del sector; todo esto, siempre pensando en la búsqueda de una mayor equidad entre
las partes implicadas al momento de contratar un servicio de estas características. |
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