Violencia contra las mujeres rurales: una etnografía del Estado Peruano

Los estudios que se han hecho en el Perú sobre violencia contra las mujeres se han centrado en documentar la perspectiva de las personas agredidas y las secuelas que la violencia genera en sus vidas. Al estudiar el rol del Estado en la atención de la violencia contra las mujeres se han enfocado e...

Descripción completa

Autor Principal: Crisóstomo, Mercedes
Formato: info:eu-repo/semantics/workingPaper
Idioma: spa
Publicado: Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Ciencias Sociales 2017
Materias:
Acceso en línea: 978-612-4320-08-8
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Sumario: Los estudios que se han hecho en el Perú sobre violencia contra las mujeres se han centrado en documentar la perspectiva de las personas agredidas y las secuelas que la violencia genera en sus vidas. Al estudiar el rol del Estado en la atención de la violencia contra las mujeres se han enfocado en instituciones especificas: policía, fiscalía o juzgados. Además, estos estudios se han realizado sobre todo en las zonas urbanas del país. En base a etnografías, entrevistas y revisión de fuentes secundarias he estudiado el conjunto de instituciones del Estado, a que nivel rural, atienden la violencia contra las mujeres. Se identifica y analiza los discursos, espacios y acciones que las instituciones estatales despliegan para atender la violencia contra las mujeres en las zonas rurales y pobres del Perú. Documento que entre estas instituciones estatales hay comprensiones distintas y contradictorias sobre sus roles y funciones. Emiten discursos que no contribuyen con el tratamiento de esta problemática, donde priman nociones que subvalorizan, subalternizan y minimizan la violencia que las mujeres rurales viven. Consideran que las mujeres que viven en las zonas rurales están “más” acostumbradas y pueden “soportar” la violencia machista. Concluyo que este tipo de presencia y funcionamiento del Estado genera que las mujeres que sufren violencia no reconozcan al Estado como el espacio que garantiza el respeto a sus derechos humanos. Por el contrario, vinculan al Estado y a sus representantes como cómplices de aquellos que ejercen violencia contra ellas.