Sentencias estructurales y protección del derecho a la salud

El presente trabajo de investigación surge como una motivación respecto al papel cada vez más activo de las Cortes y Tribunales Constitucionales en América Latina en el reconocimiento y protección de los derechos humanos. Es innegable el rol protagónico que viene desempeñado el juez constitucional e...

Descripción completa

Autor Principal: Barriga Pérez, Mónica Liliana
Formato: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Idioma: Español
Publicado: Pontificia Universidad Católica del Perú 2014
Materias:
Acceso en línea: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5438
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Sumario: El presente trabajo de investigación surge como una motivación respecto al papel cada vez más activo de las Cortes y Tribunales Constitucionales en América Latina en el reconocimiento y protección de los derechos humanos. Es innegable el rol protagónico que viene desempeñado el juez constitucional en el Estado Social, Constitucional y Democrático de Derecho, aunado a la conciencia ciudadana de acudir, cada día más, a la jurisdicción constitucional para solicitar la tutela de sus derechos y materializar las garantías constitucionales. Auge que no solo corresponde a la protección de los derechos civiles y políticos, sino que en las últimas dos décadas se ha ampliado notablemente a favor de los derechos sociales. Paradójicamente, ante la labor activa de los jueces constitucionales también nos encontramos con otra realidad, que consiste en la insatisfacción de las necesidades básicas de buena parte de las sociedades latinoamericanas. Insatisfacción que se traduce en desprotección de los derechos humanos, principalmente de los derechos sociales, como son: salud, saneamiento básico, vivienda, educación, entre otros. Pues, no es fácil armonizar la protección efectiva de los derechos humanos con la compleja realidad social y los escasos recursos estatales que se destinan a su protección. Además, en algunos casos nos encontramos ante situaciones de desarticulación institucional, inaplicación o ausencia de reglamentación y/o de políticas públicas, insuficiente apropiación presupuestal y trabas burocráticas que afectan sustancialmente el disfrute de los derechos humanos.