Regulación económica de industrias de redes: ¿contractual o administrativa?
Los contratos de concesión o de asociación público-privada han sido ampliamente utilizados como mecanismo para atraer la inversión privada para la provisión de infraestructura o de servicios públicos. La literatura reciente (Stern (2003), Spiller (2008)) ha enfatizado que el uso de estos contratos h...
| Autor Principal: | Ruiz , Gonzalo |
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| Formato: | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía
2018
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/126745 |
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| Sumario: |
Los contratos de concesión o de asociación público-privada han sido ampliamente utilizados como mecanismo para atraer la inversión privada para la provisión de infraestructura o de servicios públicos. La literatura reciente (Stern (2003), Spiller (2008)) ha enfatizado que el uso de estos contratos ha permitido, además, mitigar los riesgos asociados a la intervención administrativa de los gobiernos sobre la inversión privada en esas actividades. Si bien la figura del contrato de concesión ha estado asociada con la delegación por parte del Estado de la prestación de servicios públicos a empresas privadas, obligaciones regulatorias tales como la fijación de tarifas, de acceso e interconexión o de niveles de servicio pueden estar expresamente incorporadas en los contratos de concesión o alternativamente ser aprobadas mediante normas administrativas. El presente artículo muestra evidencia empírica correspondiente a Perú, que identifica los factores que influyen en la decisión de incorporar regulación económica a nivel contractual, a partir de una muestra de 65 contratos de concesión de infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones. Los resultados ilustran que los riesgos de demanda, la escala de los proyectos, la fuente de financiamiento y la tecnología han influido de manera significativa en dicha decisión por parte del gobierno. Finalmente, a partir de los criterios definidos por Stern y Holder (1999) se analizan las fortalezas y debilidades de la regulación contractual y administrativa en el caso del Perú, estableciendo recomendaciones para una necesaria revisión de la agenda regulatoria durante los próximos años.
Concession or Private Public Partnership (PPP) contracts have been extensively employed as a device for promoting and attracting private investment to network industries. Recent literature (Stern (2003), Spiller (2008)) has emphasized that the use of such contracts has permitted the mitigation of the risks associated with the administrative intervention of governments on private investment. PPP or concession contracts have been commonly associated with the private provision of public services, however the economic regulation of tariffs, access or interconnection rates and quality of service, could be either specified in the contract or approved through administrative rules. This paper presents empirical evidence from Peru that identifies the factors that influence the decision to incorporate economic regulations in concession or PPP contracts, from a sample of 65 transport infrastructure, energy and telecommunications projects. The results demonstrate that factors such as the risks of demand, the scale of the projects, the sources of financing and technology have significantly influenced government’s decisions to include economic regulation provisions in concession or PPP contracts. Finally, based in Stern and Holder (1999), we analyze the strengths and weaknesses of contractual versus administrative regulation in the case of Peru, formulating some recommendations for a necessary revision of the regulatory agenda, during the next years. |
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