El contrato de colaboración público privada para la provisión de servicios y obras de interés público en España. La incidencia de las futuras Directivas de la Unión Europea para la modernización de la contratación pública y las concesiones

Las tensiones de tesorería por las que atraviesan la mayoría de administraciones públicasen españa y europa, a causa de la crisis económica han otorgado especial relieve a la Colaboración Público-Privada (CPP) para la provisión de servicios e infraestructuras de interés público. Las ventajas de ésta...

Descripción completa

Autor Principal: Ridao i Martín, Joan
Formato: Artículo
Idioma: spa
Publicado: Revista de Derecho Administrativo 2015
Materias:
Law
Acceso en línea: http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/51007
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Sumario: Las tensiones de tesorería por las que atraviesan la mayoría de administraciones públicasen españa y europa, a causa de la crisis económica han otorgado especial relieve a la Colaboración Público-Privada (CPP) para la provisión de servicios e infraestructuras de interés público. Las ventajas de ésta se concretan en el  diálogo entre el sector público y el privado para consensuar la financiación y ejecución de proyectos, la mejor relación calidad-precio y el  tratamiento favorable en términos de contabilidad pública.todo ello, a pesar de las disfunciones que presenta el actual marco  legal,  tanto  en materia de contratación como de incentivos para la captación de activos financieros. específicamente, el nuevo Contrato de Colaboración Público-Privada (CCPP) presenta serias limitaciones que deben ser corregidas, como su carácter subsidiario, la dificultad de distinguirlo de las concesiones, la complejidad a la hora de delimitar su contenido prestacional y sobre todo el procedimiento de adjudicación, singularmente los términos del llamado “diálogo competitivo”. La inminente regulación europea que completará el marco normativo de los estados de la Unión europea en la materia, se propone eliminar los actuales vacíos legales provocados  por  una  regulación  consistente  hasta  ahora en meros principios generales contenidos  en  los  tratados  y  en  algunas disposiciones contenidas en las actuales directivas sobre contratos públicos.