La prestación de servicios a la comunidad : un modelo de implementación
Considerando que la prestación de servicios a la comunidad es una de las penas con mayor efecto resocializador que produce un impacto beneficioso no solo en el autor del delito, sino también en la sociedad y en el sistema penitenciario, en tanto permite la reducción de sus niveles de sobrepoblaci...
Autor Principal: | Carbajal Lovatón, Eliana |
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Formato: | Tesis de Maestría |
Idioma: | Español |
Publicado: |
Pontificia Universidad Católica del Perú
2019
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Materias: | |
Acceso en línea: |
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/134872 |
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Sumario: |
Considerando que la prestación de servicios a la comunidad es una de las penas
con mayor efecto resocializador que produce un impacto beneficioso no solo en
el autor del delito, sino también en la sociedad y en el sistema penitenciario, en
tanto permite la reducción de sus niveles de sobrepoblación carcelaria, la Política
Nacional Penitenciaria ha establecido como uno de sus lineamientos la
promoción de las penas limitativas de derechos, cuya principal pena es la
prestación de servicios a la comunidad. Sin embargo, el diagnóstico sobre el
estado situacional de la prestación de servicios a la comunidad nos indica que
su imposición y ejecución no es óptima, debido, entre otros factores, a la
ausencia de un modelo de implementación que, además de promover su
aplicación, permita el control efectivo de su cumplimiento. Por esta razón, esta
tesis propone un modelo de implementación que permite superar las deficiencias
advertidas en el modelo actual. El modelo propuesto distingue las tres formas
que la norma peruana admite para la imposición de la prestación de servicios a
la comunidad, dotando a la pena autónoma y sustitutoria de ciertas ventajas
respecto a la pena convertida. Asimismo, pretende que todos los actores clave
de este modelo tengan roles definidos y responsabilidades claras: la
participación activa del condenado, que el Instituto Nacional Penitenciario se
constituya como ente rector de las decisiones administrativas, y que el Juez se
convierta en el actor principal en todas las etapas del proceso, incluso en la
ejecución de la pena, fomentando mecanismos dinámicos y céleres en la toma
de decisiones. Lo que se busca es que, en la medida de lo posible, la práctica
judicial deje de privilegiar la imposición de penas privativas de libertad,
orientándose hacia la prestación de servicios a la comunidad, en concordancia
con la política criminal y penitenciaria del Estado Peruano. |
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