Desarrollo y políticas públicas en materia de educación superior : el efecto del ajuste estructural en Colombia 1990–2015
Desde la formación de la universidad moderna desde el siglo XIX, la educación superior ha sido materia de debates y discusiones sobre su carácter frente al Estado y su capacidad de servir a las necesidades sociales, sea como una entidad pública o privada. Uno de estos argumentos sostiene que la univ...
| Autor Principal: | León Camargo, Laura Catalina |
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| Otros Autores: | Quiñones Gómez, Lina Marcela |
| Formato: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Negocios y Relaciones Internacionales
2018
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://hdl.handle.net/10185/25015 |
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| Sumario: |
Desde la formación de la universidad moderna desde el siglo XIX, la educación superior ha sido materia de debates y discusiones sobre su carácter frente al Estado y su capacidad de servir a las necesidades sociales, sea como una entidad pública o privada. Uno de estos argumentos sostiene que la universidad ha perdido su propósito original como consecuencia de una progresiva orientación hacia el seguimiento de prerrogativas propias del mercado, la cual ha sido especialmente impulsada en las décadas recientes, como parte del llamado ajuste estructural de las economías en el Sistema Internacional. Específicamente en Colombia, estas prácticas se han llevado a cabo dentro de los proyectos de desarrollo y planificación económica que han ganado fuerza desde la década de 1960, y que buscan solventar la creciente demanda de la educación superior a través de una justificación que a la vez que busca impulsar la calidad educativa, promueve el acceso a la formación universitaria, y a la movilidad social ascendente como piedra angular del crecimiento económico. Desde la década de 1990 con la implementación del ajuste estructural y la liberalización económica en Colombia, las políticas estatales no han resultado lo suficientemente efectivas para garantizar el derecho a la educación gratuita, de calidad y con cobertura nacional, aun cuando este derecho está constitucionalmente amparado. En su lugar, el papel del Estado como actor regulador de la educación superior ha sido progresivamente sustituido por instituciones privadas que, en el proceso de satisfacer la necesidad de este derecho, también obtienen beneficios, en ocasiones llevando a situaciones en las que la educación se transa como una mercancía, antes que como un servicio cuyo acceso social es un derecho |
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