La legitimidad de la penalización del consumo de psicoactivos

Durante las últimas décadas ha predominado en el mundo la política estadounidense de represión frente a la problemática de las drogas. El presente trabajo parte de la explicación del proceso histórico que desencadenó esta guerra y de la valoración de sus consecuencias prácticas, para posteriormente...

Descripción completa

Autor Principal: Pinzón Rueda, Andrés Felipe
Formato: bachelorThesis
Publicado: Pontificia Universidad Javeriana 2015
Materias:
Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10554/16932
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Sumario: Durante las últimas décadas ha predominado en el mundo la política estadounidense de represión frente a la problemática de las drogas. El presente trabajo parte de la explicación del proceso histórico que desencadenó esta guerra y de la valoración de sus consecuencias prácticas, para posteriormente analizar si este es el tratamiento que se le debe dar a tal problemática en un moderno Estado Social de Derecho donde prima un Derecho Penal garantista. Al observar el proceso histórico, se encuentra que esta política guerrerista responde más a intereses políticos que a una verdadera preocupación por la Salud Pública. Situación que hábilmente se ha disfrazado de defensa de la moral para obtener el necesario apoyo social que requiere una política de estas dimensiones en una sociedad democrática como la nuestra. Por otra parte, al valorar los efectos de la guerra se encuentra que más que inútil, esta ha sido contraproducente: aumento de consumo, de producción, de muertes, de poder económico y corruptivo por parte de los narcotraficantes, etc. El análisis de éstos resultados, nos lleva a pensar que el esquema represivo en que hemos creído ciegamente ha fracasado. De ahí que sea imperativo un cambio de enfoque, que sea respetuoso de los principios en los que se fundamenta un Estado Social de Derecho, del lugar que al Derecho Penal le corresponde en un Estado de tales características (ultima ratio) y principalmente de los derechos de los asociados, a quienes no se les puede imponer una visión moral del mundo en que viven ni la forma en que deben cuidar de sus propios cuerpos. Razón por la cual, se concluye que el consumo y otras conductas relacionadas con las drogas, deben tratarse mediante mecanismos estatales diferentes a la judicialización.