Responsabilidad del estado y sus diferentes organismos del fenómeno llamado “falsos positivos” según la jurisprudencia de los periodos comprendidos entre el año 2011 al 2015 de la corte constitucional.

En la presente investigación, el análisis que hace la corte constitucional en las sentencia 318 del año 2011, sentencia T 600 de 2009 y sentencia T 690 de 2009, señalan que cuando nos encontramos frente a un desplazamiento forzado, estamos frente a un clara violación, a los derechos fundamentales, y...

Descripción completa

Autor Principal: Torres Guerrero, Diana
Otros Autores: Monroy Barrios, Bernardo
Formato: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Idioma: spa
Publicado: Universidad Santo Tomás 2017
Materias:
Acceso en línea: https://hdl.handle.net/11634/2221
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Sumario: En la presente investigación, el análisis que hace la corte constitucional en las sentencia 318 del año 2011, sentencia T 600 de 2009 y sentencia T 690 de 2009, señalan que cuando nos encontramos frente a un desplazamiento forzado, estamos frente a un clara violación, a los derechos fundamentales, y el estado mismo tiene la obligación de activar y desplegar una conducta oficiosa, con el fin de cobijar y blindar al individuo y su entorno social, a través de los mecanismos pre establecidos, y al mismo tiempo investigar la certeza de los hechos. Es así que en estos casos los jueces de tutelas deben ser los promotores de decisiones justas, y le corresponde imponer un mandato legal, claro y preciso que vaya en sintonía con los derechos violados y que las medidas que se tomen suplan las necesidad, y a la vez tienen que vigilar y ser garante, en el determinado caso específico que se necesite, y donde también la corte ratifico que la carga de la prueba, tiene que estar en cabeza del mismo estado. En el caso concreto se le da la relevancia al desplazamiento forzado, el cual hoy nos sirve como guía para poder determinar la magnitud de la problemática que implica que un estado social de derecho como el colombiano, se ve inmerso en una conducta que consistía en cometer asesinatos despiadados y extraoficiales en contra de la población civil, y como situación agravante, como agente determinador también produce un desplazamiento de la misma comunidad que recibe la pérdida de sus seres queridos. Este hecho conmocionó al país, teniendo en cuenta que es un delito (legalmente llamado ejecución extrajudicial) que atenta contra los derechos humanos y es ejecutado, en este caso, por algunos miembros de las Fuerzas Militares. Partiendo de este supuesto, se quiere cumplir con los tres objetivos propuestos para esta investigación y comprobar o desvirtuar las hipótesis planteadas.