Reliquidación pensional antes y despues de la ley 100 de 1993.
Con la investigación adelantada para la elaboración de este trabajo, nos dimos a la tarea de establecer cuál es la posición más favorable y garantista de derechos para con los empleados públicos pensionados antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y adoptada por las altas cortes, llámen...
| Autor Principal: | Camelo Millan, Manuel |
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| Otros Autores: | De la asunción ramirez, Jersson Fabian, Mendoza Daza., María Cristina |
| Formato: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad Santo Tomás
2017
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
https://hdl.handle.net/11634/2237 |
| Etiquetas: |
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| Sumario: |
Con la investigación adelantada para la elaboración de este trabajo, nos dimos a la tarea de establecer cuál es la posición más favorable y garantista de derechos para con los empleados públicos pensionados antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y adoptada por las altas cortes, llámense Consejo de Estado y Corte Constitucional.
Lo anterior, teniendo como fundamento que antes de entrar a regir el sistema general de seguridad social en salud –Ley 100- existía la Ley 33 de 1985, la cual establecía que los empleados públicos que llegaran a adquirir su derecho a la pensión, esta se calcularía tomando como base para su cálculo el 75% del promedio de todos y cada uno de los factores salariales devengados por él en el último año de servicio; pero esta estipulación, se vio afectada al entrar en vigor la Ley 100 de 1993, la cual introdujo una modificación sustancial y señaló que todos los trabajadores en Colombia que tuvieran la oportunidad de disfrutar de una pensión mensual vitalicia de jubilación, para efecto de su mesada pensional se tomaría el 75% pero del promedio de los últimos 10 años laborados.
Lo referido, es la posición adoptada desde sus inicios y hasta este momento por la Corte Constitucional, no obstante a ello, hacia el año 2010 el Consejo de Estado unificó su criterio y manifestó que en virtud del principio de favorabilidad a los empleados públicos les era aplicable en su integridad la Ley 33 de 1985, es decir, tomando como punto de partida para la liquidación pensional el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.
Las conclusiones adoptadas o tomadas por este grupo es que la posición del consejo de Estado es una postura garante de los derechos pensionales, máxime cuando quienes acceden a estos son personas de la tercera edad y por supuesto, de especial protección constitucional. |
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