El procedimiento administrativo de expropiación de bienes inmuebles en el derecho público ecuatoriano
Desde tiempos muy remotos, el derecho a la propiedad ha sido universalmente reconocido por un sinnúmero de convenios y tratados internacionales, ha constituido una de las principales garantías que el Estado de Derecho reconoce a sus ciudadanos, pues la misión primordial de las autoridades guberna...
| Autor Principal: | Pinto Guerra, Diana Karolina |
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| Formato: | bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Quito / PUCE / 2011
2012
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/4836 |
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| Sumario: |
Desde tiempos muy remotos, el derecho a la propiedad ha sido universalmente reconocido por
un sinnúmero de convenios y tratados internacionales, ha constituido una de las principales
garantías que el Estado de Derecho reconoce a sus ciudadanos, pues la misión primordial de las
autoridades gubernamentales es velar por la no violación a aquel derecho por parte de los
particulares y sobre todo por el mismo Estado, quien con su poder, puede fácilmente recurrir a
la arbitrariedad para la vulneración de los derechos básicos de una persona.
Siendo la expropiación una de la limitaciones más comunes a la propiedad, se manifiesta a
través de la decisión administrativa, en donde el Estado y el particular son los sujetos que
intervienen en la misma, con la finalidad de convenir o en su caso discutir sobre el precio de un
bien inmueble, previamente singularizado, considerado para expropiarse para fines de utilidad
pública. La expropiación, al vulnerar un derecho subjetivo, debe reparar el daño causado
mediante el pago del justo precio del bien a expropiarse y la indemnización por los daños
ocasionados como consecuencia de la actuación administrativa.
Como lo establece nuestro ordenamiento jurídico, se debe iniciar un procedimiento
administrativo de expropiación previo a la transferencia de dominio del bien inmueble, cuyo
inicio es la declaración de utilidad pública, a través de un acto administrativo de la máxima
autoridad requirente, la cual causa efectos en los administrativos, limitando el derecho... |
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