Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria: un análisis del debate político durante su aprobación y posterior reforma

Han transcurrido más de cinco años desde que la Constitución de Montecristi fuera aprobada vía referendo popular y entrara por tanto en vigencia. Si bien desde entonces han sido múltiples los cambios experimentados en la estructura del Estado ecuatoriano, su institucionalidad y su normativa legal, e...

Descripción completa

Autor Principal: Valencia Canelos, Eva Catalina
Formato: bachelorThesis
Idioma: spa
Publicado: 2016
Materias:
Acceso en línea: http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/10460
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Sumario: Han transcurrido más de cinco años desde que la Constitución de Montecristi fuera aprobada vía referendo popular y entrara por tanto en vigencia. Si bien desde entonces han sido múltiples los cambios experimentados en la estructura del Estado ecuatoriano, su institucionalidad y su normativa legal, existe un ámbito -no el único- que permanece en „letra muerta‟: la soberanía alimentaria. Vinculada directamente al desarrollo agrícola y al modelo económico-productivo, la soberanía alimentaria apareció como un concepto vanguardista dentro de la nueva Constitución. En la región, eran entonces pocos los países que habían debatido y aprobado una normativa relacionada con esta temática; la discusión estaba limitada a las organizaciones campesinas e indígenas y a las organizaciones no gubernamentales. La Constitución elaborada en Montecristi delineó una serie de principios para la aplicación de la soberanía alimentaria y dispuso la elaboración de una ley que diera paso a su implementación. Un sinnúmero de intereses y posiciones políticas se hicieron evidentes durante el debate político y el proceso de aprobación de dicho cuerpo legal y una reforma posterior que introdujo cambios relacionados sobre todo con los órganos que intervendrían en su aplicación. El producto final fue una Ley que esquivó el tratamiento de los temas cruciales, que se limitó a perfilar de modo general un „régimen de soberanía alimentaria‟ y que entregó a un grupo de representación ciudadana, dependiente del Ejecutivo, la tarea de elaborar un conjunto de leyes que permitiera la aplicación efectiva del nuevo principio.