El juicio penal en ausencia del procesado y la imprescriptibilidad de la acción y de la pena, como medidas efectivas para reducir la impunidad en delitos en contra de la administración pública
Este trabajo de investigación busca identificar si existe una incongruencia entre los principios fundamentales que se han establecido en nuestra Constitución; y las excepciones procesales establecidas para ciertos delitos en contra de la Administración Pública, regulaciones existentes en el anterior...
| Autor Principal: | Salgado Saltos, Verónica Monserrath |
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| Formato: | bachelorThesis |
| Idioma: | Spanish / Castilian |
| Publicado: |
PUCE
2017
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/12407 |
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| Sumario: |
Este trabajo de investigación busca identificar si existe una incongruencia entre los principios fundamentales que se han establecido en nuestra Constitución; y las excepciones procesales establecidas para ciertos delitos en contra de la Administración Pública, regulaciones existentes en el anterior Código de Procedimiento Penal, pero que se han establecido una vez más en el nuevo COIP.
Es necesario comprender la naturaleza de las excepciones que existen en el enjuiciamiento de algunos delitos contra la administración pública: concusión, cohecho, peculado y el enriquecimiento ilícito. Estas excepciones son la imprescriptibilidad de la acción y de la pena, y la facultad de continuar un proceso penal en la ausencia del procesado; regulaciones que existen aun cuando su aplicación se encuentra en conflicto directo con derechos básicos; tales como el derecho a la defensa y el debido proceso; que aunque nuestra Constitución ha declarado, son de aplicación directa e inmediata, en la mayoría de casos, deben ser desarrollados en legislación específica.
El problema principal que se ha abordado en esta disertación es el análisis de las razones detrás de la creación de estas excepciones procesales, con el fin de determinar si estas disposiciones penales han tenido un resultado eficaz en la lucha contra la corrupción y las actividades poco financieras poco éticas de algunos funcionarios públicos; considerando que parecía ser el objetivo del legislador para su creación, por lo que si este objetivo no ha sido alcanzado en los últimos años, tal vez sea hora de analizar si esta normativa es, de hecho, eficaz y necesaria, teniendo en cuenta las posibles transgresiones a las garantías del debido proceso y el derecho de una defensa adecuada; de igual forma, al no aplicarse prescripción, ni para la acción, ni para la pena, se estaría violentando el derecho a la seguridad jurídica, una garantía básica del derecho penal. Después de estudiar las referencias históricas, se puede concluir que este tipo de regulaciones son el resultado de una política criminal que busca priorizar el interés público de un sistema legal eficiente, sobre los derechos individuales para combatir los altos niveles de impunidad en los delitos mencionados. |
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