Análisis de percepción y evaluación de impacto sobre las reformas a la Ley de Tránsito en el Distrito Metropolitano de Quito

La movilidad, dentro de la sociedad, es una condición necesaria para alcanzar un cierto nivel de bienestar, pero esta necesidad tiene varias regulaciones que buscan mejorar la seguridad de todos los agentes que intervienen. En el mes de Junio del 2012 se realizó una modificación a La Ley Orgánica d...

Descripción completa

Autor Principal: Landázuri Bustos, Katya Salomé
Otros Autores: Durán Moncayo, Dayán Alejandra
Formato: bachelorThesis
Idioma: Spanish / Castilian
Publicado: PUCE 2017
Materias:
Acceso en línea: http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/12464
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Sumario: La movilidad, dentro de la sociedad, es una condición necesaria para alcanzar un cierto nivel de bienestar, pero esta necesidad tiene varias regulaciones que buscan mejorar la seguridad de todos los agentes que intervienen. En el mes de Junio del 2012 se realizó una modificación a La Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad vial, específicamente en el Art 145 literal E, y Art. 191, los cuales tratan sobre los límites de velocidad que rigen en nuestro país, así como también las sanciones al excederlos, que van desde multas económicas al sobrepasar los límites de velocidad, y prisión al exceder los rangos moderados de velocidad. Si bien esta Ley entró en vigencia desde Junio del 2012, nuestras vías no contaban con la debida información de los límites de velocidad, y mucho menos de los rangos moderados, después de transcurrir ya 8 meses hay calles que aún no cuentan con su respectiva información, lo cual genera molestias en los contraventores. Esta modificación a la ley de Tránsito tiene diversas opiniones tanto de apoyo como en contra, generando gran polémica sobre todo por sus duras sanciones al incumplirla, sin embargo los resultados que ha arrojado este control de velocidades han sido positivos, disminuyendo los accidentes de tránsito, pese a estos resultados queda una gran duda acerca de las extremas sanciones, y de la capacidad en infraestructura que tiene nuestro país para privar de la libertad a los contraventores.